Denuncian vulneración de la privacidad de pacientes en compras de hospitales y servicios de salud

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A raíz de una fiscalización a entidades del sector salud en transparencia activa, el Consejo para la Transparencia (CPLT) evidenció la publicación de datos personales y sensibles en compras de insumos y servicios para pacientes en distintos hospitales y servicios de salud del país, fallos en el tratamiento de información, en algunos casos masiva, y que “podrían aumentar” en el contexto de la crisis sanitaria por Covid-19, a jucio del titular de la entidad, Jorge Jaraquemada.

La entidad, a cargo de la revisión de más 100 mil órdenes de compra de este tipo de entidades durante marzo pasado, identificó falencias como: publicación de fichas de pacientes, datos personales –de menores de edad en algunos casos-, y detalles de diagnósticos, exámenes y tratamientos en diversas especialidades.

En una revisión de cerca de 120 mil órdenes de compras realizadas por 86 organismos del sector salud, el Consejo para la Transparencia (CPLT) identificó doce casos de hospitales y de seis de servicios de salud que publican datos personales y sensibles asociados al estado del paciente, información que sólo puede difundirse previo consentimiento expreso de su titular.

Acorde a lo informado por el presidente del organismo, Jorge Jaraquemada, la fiscalización focalizada de compras de bienes y servicios destinados a pacientes por parte de organismos públicos del sector salud realizada por profesionales del CPLT, evidenció “la publicación de antecedentes sin el debido resguardo de información personal y sensible”, y acorde al informe evacuado por el Consejo “en algunos casos masiva”.

“A partir de un proceso de fiscalización en transparencia activa, los profesionales del CPLT descubrieron evidencia de una serie de prácticas asociadas a procesos administrativos, en este caso de compras de bienes y servicios, que vulneran la privacidad de los pacientes y que parece naturalizada en una serie de procedimientos que se realizan de una forma en que no se protege adecuadamente información personal de los pacientes”, explicó el titular de Transparencia.

Jaraquemada agregó que, pese a “detectar que mayoritariamente la información de carácter personal y sensible de los pacientes destinatarios de los bienes o servicios contratados por estas entidades públicas son resguardados” –por ejemplo mediante el tarjado de datos personales, el uso exclusivo de iniciales u otras medidas-, al menos 18 organismos, entre hospitales y servicios de salud, han publicado en los antecedentes de las compras, datos personales de contexto y en buena parte de los casos, datos sensibles. “Esta información queda disponible para cualquier persona en el portal de Compas Públicas”, precisó el abogado.

A juicio del máximo representante del Consejo “este tipo de situaciones supone una afectación del derecho fundamental de los pacientes a proteger su vida privada, revistiendo una especial gravedad por tratarse de información sobre estados de salud, en algunos casos de menores de edad, que son datos sensibles y bajo un especial régimen de protección en el país”.

Apuntó también que “en el marco de la emergencia sanitaria, con una tendencia al aumento de contagios y a la subsecuente presión al sistema de salud en las últimas semanas, consideramos necesario dar a conocer estas brechas en las adquisiciones públicas, las que podrían aumentar. Ahora más que nunca, cuando los contagiados y sus familiares puede correr riesgo de discriminación, el tratamiento de datos personales requiere ser tomado en cuenta y realizarse acorde a la normativa vigente”.

Los recintos de salud en que se identificaron estas falencias en el tratamiento de información de sus pacientes fueron los hospitales El Pino de San Bernardo, Padre Hurtado de San Ramón, Luis Tisné de Santiago Oriente, Puerto Montt, Curicó, Coyhaique, Doctor Antonio Tirado Lanas de Ovalle, y San Pablo de Coquimbo –que actualmente tiene un rol central en la emergencia sanitaria-. En la mayoría de estos casos, detallan desde el CPLT, las brechas corresponden a la publicación de resoluciones que autorizan la contratación de tratos directos, por ejemplo para la contratación de exámenes médicos, y que contienen antecedentes personales de los pacientes. Incluso, en el caso del Hospital Tirado de Ovalle se identificaron solicitudes de exámenes, que detallan diagnósticos principales.

Otros hallazgos apuntan a la difusión de informes médicos íntegros –asociados a antecedentes de servicios de traslado aéreo de los pacientes-, los que contienen datos personales, diagnósticos médicos e historial clínico -como ocurre en el caso del recinto de alta complejidad de la Región de Los Lagos-. En cuanto al Hospital del Pino, se evidenciaron publicaciones de solicitudes de procedimiento y las fichas de éstos, las que incluyen también información personal y sobre estados de salud de los pacientes. Asimismo se evidenciaron falencias en el tratamiento de información personal de interconsultas de pacientes de menores de edad en el caso del Hospital Padre Hurtado.

En lo relativo a la revisión de compras por parte de servicios de salud, la fiscalización mostró que algunas de estas entidades también publican datos personales de pacientes por servicios relacionados con hospitalizaciones de urgencias y traslados aéreos, como ocurre con el servicio de salud de Viña del Mar-Quillota. También se evidenció este tipo de tratamiento de datos en el caso de Reloncaví con resoluciones por desplazamientos de pacientes. Otros servicios salud que mostraron falencias fueron el de Bío-Bío, Valparaíso-San Antonio y Chiloé.

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