Rigoberto Socorro fue detenido la noche del domingo, sin embargo, hasta ahí era uno más de los casi ocho mil venezolanos ilegales que han ingresado a nuestro país. Nada especial, ni particular en su primer encuentro con los policías nacionales, hasta que ingresaron su nombre a los sistemas de información: «Se le sindica como autor del homicidio de un cacique indígena venezolano”. A pesar de estos antecedentes, terminada su cuarentena quedará en libertad en territorio nacional, a la espera de su proceso de expulsión. En el gobierno apuntan a los «cambios de criterio» del Poder Judicial.
La crisis migratoria en el norte del país está al rojo. Según información de la PDI, durante este año han ingresado 15 mil personas por pasos no habilitados, cifra que podría, incluso, triplicarse una vez finalizado el estado de excepción, por lo que las autoridades han aumentados los puntos de control por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
En el gobierno, sin embargo, no solo hay preocupación por los flujos migratorios, sino que también por los perfiles de quienes están intentando pisar territorio nacional. Eso, tomando en cuenta la última pesquisa que terminó con la detención de una cincuentena de extranjeros de nacionalidad venezolana, en Colchane
Entre los migrantes que venían por el complejo paso fronterizo, Carabineros detectó la presencia de Rigoberto José Socorro Morán, un sicario venezolano condenado a seis años de presidio por ser parte del grupo que participó en el asesinato de un histórico líder indígena de Venezuela, Sabino Romero.
Socorro fue detenido por Carabineros la noche del domingo, sin embargo, hasta ahí era uno más de los casi ocho mil venezolanos ilegales que han ingreso a nuestro país. Nada especial, ni particular en su primer encuentro con los policías nacionales, hasta que ingresaron su nombres y carnet de identidad en un sistema de datos. Ahí saltó la alerta: “Se le sindica como autor del homicidio de un cacique indígena venezolano”. Enseguida, los policías dieron cuenta a la jefatura de zona y estos a las autoridades de gobierno, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero el Ejecutivo -dicen- estaría de manos atadas.
Respecto al caso del cacique Yupka, Sabino Romero Izarra (42) era un cacique de la comunidad de Chaktapa, fundada en los años 70 en sierra de Perijá, en el estado Zulia. Estas tierras fueron recuperadas por Romero y su grupo, quienes alegaban entonces que ese territorio era del pueblo Yukpa, desatándose un conflicto con agrícolas y ganaderos que estaban asentados en este lugar.
En 2009, el gobierno de Venezuela, presidido por Hugo Chávez, entregó títulos de propiedad de estas tierras al grupo liderado por Romero. Pero el proceso no fue de los mejores y los conflictos entre la comunidad indígena y los empresarios agrícolas continuó, ocurriendo distintos hechos de violencia que se arrastran hasta hoy.
Pero el hito que marcó esta relación ocurrió en marzo de 2013. Ese día, una pareja de motociclistas emboscó al cacique del pueblo Yupka y lo asesinó en medio de una ráfaga de disparos. Su esposa, en tanto, quedó herida en el lugar.
